La tecnología ha impactado en años recientes muy positivamente gran parte de los procesos, equipos, vehículos y herramientas propias del sector transporte. La automatización y el aprovechamiento de los nuevos dispositivos para la información y la comunicación existentes en el mundo moderno encuentran cada día nuevas aplicaciones que favorecen esta actividad y toda la logística relacionada con el movimiento de mercancías por carretera.
Una muestra de ello lo representa la iniciativa tomada por la ONU a principios de este año 2017, cuando la reconocida organización internacional dio a conocer mediante una resolución su apoyo para incentivar el uso de los documentos digitales por parte de los diferentes actores que participan en esta importante actividad. Esto como una forma de reconocer la importancia que poseen las innovaciones tecnológicas para el transporte y la necesidad de que los empresarios del sector se ajusten a los retos establecidos para el logro del desarrollo sostenible de cara al 2030.
Entre esta documentación está la denominada Carta de Porte (CMR), uno de los documentos oficiales que debe llevar consigo el conductor como prueba de la legalidad de su carga. Dicho documento ha sido el primero en incorporarse a la modalidad digital cuando recientemente en un viaje transfronterizo un camión con una carga de frutas en ruta España-Francia
utilizó el porte electrónico denominado e-CMR, bajo el auspicio en España de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC) y la Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR) en Francia.Se espera que con la implementación generalizada de esta iniciativa se acelere la puesta en marcha de nuevas tecnologías como la de los camiones autónomos, los cuales necesariamente deberán contar con una plataforma digital interactiva que facilite el control y monitoreo de su desplazamiento, y además le permita operar sin el manejo de documentos o papeles en físico.
El uso de la carta de porte electrónica ha sido apoyado por numerosos países de Europa desde el año 2008, mediante un convenio que suscriben al menos once naciones, entre ellas Dinamarca, Francia, Bulgaria, República Checa, Holanda, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia, España y Suiza
. Sin embargo, el protocolo entró en vigencia el 5 de junio de 2011 y comienza a concretarse durante este año 2017.